BOLETIN EN APOYO A LAS NORMALISTAS DE SAUCILLO

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO:

CIUDADANAS Y CIUDADANOS CHIHUAHUENSES:

El paro estudiantil de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, de Saucillo, Chihuahua, no es un acontecimiento aislado que sólo interese a las estudiantes, sus familias, su escuela y las autoridades a cargo; al contrario, se trata de un asunto de importancia para todos(as), porque revela signos de una problemática educativa que para nada es ajena a la problemática social en su conjunto, y que en nuestro estado debemos encarar con claridad y responsabilidad, si es cierto que nos interesa, todavía, apostarle a un futuro en el que todas y todos tengamos cabida, sin autoritarismos ni exclusiones.

En la entidad se viven tiempos difíciles: la violencia y la delincuencia en general, que lejos de superarse avanzan como cáncer que lacera impunemente al tejido social; la postración del sector agropecuario en la pobreza y el abandono; el desempleo creciente y las condiciones de vida y trabajo -de quienes todavía lo tienen- cada vez más difíciles para los sectores mayoritarios y más pobres de la sociedad; la desintegración, el maltrato y los vicios o adicciones que se padecen en una gran proporción de las familias; las serias deficiencias de los servicios públicos como salud, educación, vivienda, etc., son algunos de los rasgos más preocupantes de la realidad social. Por si ello fuera poco, los peores efectos de la crisis económica internacional aún están por llegar, mientras que los diferentes niveles de gobierno se delatan rebasados por los desafíos e incapaces de tomar decisiones con la mira puesta más allá de las circunstancias y la coyuntura de cada acontecimiento aislado. Con temor observamos la proclividad a resolver los problemas sociales con el uso de la fuerza pública, la tentación de descalificar o ignorar sin más las opiniones que reclaman del gobierno atención y respeto a las garantías y derechos ciudadanos. Nada de ello nos es ajeno y partimos de la convicción de que la educación puede y debe contribuir a la reconstrucción de nuestra viabilidad como pueblo, como sociedad.

Desde nuestra experiencia y visión de la realidad como educadoras y educadores, sostenemos que el gobierno del estado debe ser más sensible a las necesidades, los problemas y las propuestas de los ciudadanos. Al respecto, nos resulta difícil entender que en Chihuahua se haya pactado una “Alianza por la Calidad de la Educación” con la maestra Elba Esther Gordillo, sin considerar las opiniones de las y los maestros y otros actores de la sociedad chihuahuense con respecto a la educación, sus desafíos y posibles vías de mejora. La citada maestra se ostenta ilegalmente como Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde marzo de 2004, y ha usurpado la representación sindical desde 1989, con el apoyo -incluso policíaco- del gobierno federal en turno y de algunos gobiernos estatales.

Como es sabido, la “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE) viene del centro: es el nombre que el gobierno federal y la “Presidenta” del SNTE le pusieron al pacto con el cual renovaron su alianza política en el mes de mayo de 2008. Con esa alianza, ambas partes pretenden imponer las medidas educativas dictadas por organismos financieros y empresariales de fuera y dentro del país, modificar de manera regresiva las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación y fortalecer políticamente a la maestra.

Entre otras disposiciones igualmente graves, la ACE se propone convertir a la educación pública en arena de negocios, transfiriendo a empresas y organismos privados funciones que por su naturaleza corresponden al Estado; pretende equiparar la educación pública con el modelo mercantil de la producción en serie, con exámenes estandarizados que tienden a etiquetar a los estudiantes como productos empaquetados con la inscripción de sus ingredientes en el sobre, con el nombre de “competencias”; formaliza la transferencia de la responsabilidad por la mejora, mantenimiento y operación de las escuelas a los padres de familia; proyecta desconocer a las y los maestros derechos laborales que están protegidos en la constitución y en las leyes, como el reconocimiento a su experiencia y preparación profesionales para fines de mejora salarial; y con la alianza el gobierno federal transfiere sus obligaciones y facultades en materia educativa a la dirigencia sindical, como secuela, todavía, de los “favores” electorales que la maestra y su gente hicieron en las elecciones del año 2006 al entonces candidato presidencial.

En ejercicio de sus nuevas facultades, la lideresa sindical llevó su “alianza” a los gobernadores de los estados, y la mayoría (no todos) inexplicablemente escogió también aliarse con ella. En Chihuahua se firmó la ACE el 25 de julio de 2008, en un documento cuya introducción contiene definiciones y declaraciones irrefutables sobre la educación, la escuela, el sistema educativo, los actores, el federalismo y la obligada apelación a la constitución y las leyes. Sin embargo, en los acuerdos reproduce los propósitos y medidas del pacto central, y en la práctica la política educativa local sufre un lamentable retroceso al sujetarse a condicionamientos presupuestales y compromisos decididos en el centro en un acuerdo extralegal que más bien parece un pacto entre particulares. La forma tan general en que se plantean los acuerdos en el documento firmado en Chihuahua deja un amplio margen de discrecionalidad para su operación, de modo que al paso del tiempo lo único que se vuelve evidente es que el estado ha retrocedido en el ejercicio soberano de su quehacer público en materia educativa. 

Con respecto a la contratación de maestras y maestros de nuevo ingreso, que según la ACE deberá hacerse mediante un “concurso nacional público de oposición”, resulta incongruente que la misma autoridad responsable de las instituciones que proveen esa formación profesional obligue a las y los egresados de las normales públicas a pasar por una doble “certificación” en su perjuicio y en desmérito de las instituciones formadoras. La incongruencia es mayor si se tiene en cuenta que en realidad el otorgamiento de un alto porcentaje de las nuevas plazas se hizo a partir de compromisos e intereses ajenos a lo educativo, y el llamado “concurso de oposición” resultó ser un examen de selección que sirve más bien como parapeto para otorgar las plazas con los mecanismos discrecionales de siempre y no como un mecanismo confiable para identificar y seleccionar a las y los mejores maestros. La segunda “certificación” le vino muy bien a la dirigencia sindical como recurso de control, pues no es una novedad que a través de los mandos medios e instancias operativas del aparato educativo, el SNTE tiene colonizada la contraparte oficial con la que integra las supuestas comisiones bipartitas. 

A las y los egresados de las escuelas normales públicas les asiste el legítimo derecho de conseguir una plaza base, de conformidad con las reglas vigentes cuando escogieron la carrera normalista; pero sobre todo debe ponderarse la necesidad de contratar maestras(os) con el perfil profesional y la vocación de educadores(as), que se hagan cargo de los múltiples espacios educativos que hoy atienden personas que no tienen la preparación necesaria, especialmente en las comunidades apartadas, que por sus mayores niveles de marginación y la complejidad de sus problemas requieren asistencia profesional. Por todo lo expuesto,

DEMANDAMOS Y PROPONEMOS:

Se suspenda de inmediato la aplicación de todas las medidas impuestas a partir de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, mediante la puesta en práctica de un plan de transición, que resuelva los procesos y acciones en curso con apego a las normas y mecanismos vigentes con anterioridad a la ACE.

Se convoque a la brevedad a una gran consulta ciudadana sobre la problemática educativa y las medidas necesarias para fortalecer el Pan Estatal de Educación, con propósitos y acciones de mediano y largo alcance, capaces de incidir auténticamente a favor de la educación pública bajo los fines y criterios que establece la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado y las leyes reglamentarias respectivas; una gran consulta que recoja, junto con la invaluable experiencia acumulada de las y los maestros chihuahuenses y del país, las aportaciones de investigadores y expertos en educación y las necesidades e intereses genuinos de los habitantes del estado.

Se asuma a plenitud y con entereza el carácter público y de interés social de la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, con apego al precepto constitucional de que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, mediante la asignación de presupuestos anuales a las escuelas según sus necesidades y la prohibición de las cuotas escolares de los padres de familia, que representan una carga adicional para la economía familiar y con frecuencia conducen a la diferenciación y la inequidad.

Se resuelva favorablemente el pliego de demandas de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, particularmente en lo que se refiere al otorgamiento de plazas base para quienes demuestren haber cumplido debidamente con los requisitos de culminación de su estudios; una medida válida para todas y todos los egresados de las instituciones públicas de formación de docentes.

Chihuahua, Chih., marzo de 2009.

Maestras y maestros del Movimiento ResISSSTE del estado de Chihuahua.